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Al haberse definido el incremento en el Índice de Precios al Consumidor de Ingresos Medios por el periodo octubre 1 de 2024 a octubre 1 de 2025, ya se puede estimar el valor de la unidad de valor tributario –UVT– para el 2026.

Conoce los detalles en este editorial.

El no pago oportuno del saldo a cargo por el impuesto unificado del régimen simple, determinado en el formulario 260, implica que dicha declaración se considere no presentada y que el contribuyente sea excluido de dicho régimen.

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Las empresas y trabajadores deben reportar enfermedades y accidentes laborales dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos o al diagnóstico. El incumplimiento conlleva sanciones severas y afecta los mecanismos de prevención, vigilancia y protección de los trabajadores.

Algunas personas jurídicas que operen como usuarias industriales, que se hayan instalado en zonas francas después del 13 de diciembre de 2022 y que hayan cumplido con lo dispuesto en el Decreto 047 de enero de 2024 tendrán que seguir discriminando de forma especial su renta líquida gravable fiscal aplicándole la combinación de tarifas del 20 % y 35 %.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian– expidió la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025. El objetivo de esta resolución es unificar la normatividad tributaria vigente en un único documento. Te contamos más detalles a continuación. ¿Qué temas agrupa la Resolución Única Tributaria 000227 de 2025? Con el objetivo de brindar seguridad jurídica y facilitar la interpretación y consulta de estas normas, se puede decir que la Resolución 000227 de 2025 se puede sintetizar en cuatro grandes temas: La identificación y registro del contribuyente.  La liquidación y documentación de las obligaciones.  Los deberes de información y fiscalización. El procedimiento y la gestión del recaudo. En primer lugar, se podrá encontrar el desarrollo de los temas relacionados con la identificación y registro del contribuyente; se consolidan todas las normas relativas al registro único tributario –RUT–, incluyendo los procedimientos de inscripción y cancelación, así como los criterios para la calificación de grandes contribuyentes y autorretenedores. Posteriormente, la resolución aborda la liquidación y documentación de las obligaciones, compilando en un solo lugar la información sobre los formularios oficiales para la presentación de declaraciones. Así mismo, se recopila la normativa relacionada con el sistema de facturación electrónica, que integra no solo […]

Según el artículo 19 de la Resolución 000167 de 2021, si un adquirente que no está obligado a facturar sus ingresos compra bienes o servicios a terceros en la misma condición y desea deducir esos valores en su declaración renta, deberá elaborar el “documento soporte” en papel, solicitando previamente ante la Dian una numeración autorizada.

El Ministerio del Trabajo emitió la Circular Externa 101 del 22 de septiembre de 2025, en la cual estableció lineamientos para orientar a empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales y entidades públicas sobre el cumplimiento de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025.

Los contribuyentes que al cierre de 2025 pertenezcan al régimen ordinario y continúen en él durante 2026 deben atender lo dispuesto en los artículos 115 y 115-1 del ET respecto a la deducción por industria y comercio. Aquellos que planeen trasladarse al régimen simple durante el 2026 deben considerar que en dicho régimen no se puede utilizar ningún tipo de deducciones.

La información del patrimonio fiscal poseído a diciembre 31 que reporten los inscritos en el régimen simple puede terminar siendo utilizada por lo menos para 5 propósitos tributarios importantes por parte de la Dian.

Te contamos todos los detalles a continuación.

La Dian, en su Concepto 11620 de agosto 21 de 2025, en el cual hizo cita de otra doctrina contenida en el Concepto General de Facturación 106 de agosto de 2022, concluyó que los extractos bancarios sí pueden servir para soportar gastos bancarios.

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El Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto para reglamentar las prácticas laborales, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a estudiantes, empleadores e instituciones formativas, y fortalecer la transición entre formación académica y mundo productivo.

Los contratos de prestación de servicios son una de las figuras más utilizadas en el ámbito empresarial colombiano. Por esta razón, durante la discusión de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025 surgieron rumores acerca de su posible prohibición, lo que generó inquietud entre los empleadores.